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Dentro de seis meses no habrá más casinos en Ecuador

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Mireia Garcia-Tapia
2 min de lectura
Palacio del gobierno

Tras un referéndum nacional en Ecuador, se ha decidido que los casinos y salas de bingo de dicho país se cerrarán. El gobierno ecuatoriano ha dado seis meses a los operadores para cerrar sus negocios. El presidente del gobierno, Rafael Correa aseguró, que todos los establecimientos dedicados al juego cesarán sus actividades, salvo que estén en hoteles de lujo.

“Vamos a proporcionar todos los medios necesarios para los operadores de casinos y salas de bingo que quieran mover sus negocios a otro tipo de actividades en el área de turismo. El periodo de seis meses servirá para que los operadores tengan suficiente tiempo para cerrar sus negocios y para resolver cualquier problema con los empleados”, dijo Freddy Ehlers, ministro de Turismo.

Esta decisión ya ha provocado disgusto y malestar entre los operadores de los casinos y de las salas de bingos en el país, ya que dicen que se sienten engañados y estafados por como ha sido manejada la situación por el gobierno. Fasuto Flores, presidente de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (ASCABI) dijo, que hablaron hacía diez meses con Nathalie Cely (ex ministra de la Producción) y que ella les daba un plazo de dos o tres años para encontrar una solución.

El mismo día que salió el decreto, Fausto Flores adelantó que los inversores se irían a países como Costa Rica, Puerto Rico y Colombia. Estos países consideran que este tipo de actividad complementa al desarrollo del turismo. Flores también dijo que estos países centro y latinoamericanos se llevarían cerca de 180 millones de dólares en capital de lo que producen las máquinas tragaperras y los juegos de mesas.

Según un informe del gobierno ecuatoriano, 5.568 personas se quedarán sin trabajo. En realidad, 3.380 de ellos serán asignados a otros trabajos en el sector del juego y el resto se quedarán sin empleo.

Por otra parte, la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (ASCABI) tiene previsto reunirse con un grupo de juristas nacionales e internacionales para ver si hubiera alguna posibilidad de ir en contra de este decreto.

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Mireia Garcia-Tapia

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