Los casinos españoles se quejan de su situación fiscal
El tema de la inminente regulación del juego online en España no deja a nadie indiferente.
Últimamente, las autoridades gubernamentales se han dedicado a aprovechar sus apariciones públicas (como en iGAMINGSUMMIT’11) para realizar declaraciones destacando los presuntos beneficios de la futura legislación (lucha contra la ludopatía, dinamización económica de empresas relacionadas con el sector -proveedores tecnológicos, bufetes de abogados, firmas de marketing y publicidad, medios de comunicación, etc.-). No obstante, a los aficionados al juego online no se nos escapa que el principal objetivo del gobierno es incrementar a toda costa (y sobre todo, a costa de los operadores y de los jugadores) los ingresos de las arcas estatales con nuevos impuestos y gracias a la privatización de un dinosaurio en peligro de extinción: Loterías y Apuestas del Estado.
Durante los últimos días, se han alzado nuevas voces discordantes, que se han unido a las habituales de los jugadores y las operadoras del juego online. Curiosamente, el gobierno de Malta, el estado miembro de la Unión Europea que mayores intereses tiene en relación con el juego online, va a plantear objeciones contra la legislación española ante la Comisión Europea, lo que podría retrasar el calendario fijado por el Ministerio español de Economía y Hacienda, y que tiene como próximo hito importante, el 16 de noviembre, la realización de la primera convocatoria de licencias.
Por otra parte, también los casinos españoles han protestado contra la nueva legislación. La Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) se ha quejado recientemente del agravio comparativo que supondrá para ellos la nueva ley, respecto al juego online.
Heliodoro Giner, secretario general de la AECJ, ha denunciado que el colectivo que representa se siente discriminado, ya que mientras sus negocios deben soportar una fiscalidad de hasta el 60% de los ingresos brutos (varía por comunidades autónomas), los operadores legales de juego online solo habrán de pagar un 25%.
La AECJ justifica su reclamación en el artículo 35 de la Ley del Juego, que insta al Estado y a los gobiernos autonómicos a "equiparar el régimen jurídico aplicable, incluido el ámbito tributario, al juego realizado a través de canales electrónicos y al juego presencial".
Pese al texto de la ley, los casinos españoles temen que en la situación actual de crisis, las autoridades de las comunidades autónomas prioricen otros temas y obvien la equiparación fiscal entre el juego presencial y el online (que iría en su contra, puesto que disminuiría sus ingresos tributarios).
Ángel María Escolano, director general de la AECJ y del Grupo Gran Madrid, ha declarado que desde su aparición, el juego online ha supuesto una “competencia desleal” para los casinos tradicionales y ha criticado que parta con ventajas fiscales con la nueva regulación. Así mismo, ha criticado que los operadores gibraltareños del juego online hayan podido construir una enorme base de datos de jugadores españoles y que la puedan aprovechar de forma inminente en el mercado legalizado. También ha censurado que los casinos presenciales deban pagar a Hacienda aun teniendo pérdidas y que no puedan deducirse el IVA, a diferencia de la mayoría de empresas.
Como podemos apreciar, los operadores online no están contentos; tampoco lo están los casinos tradicionales; y mucho menos nosotros, los jugadores. Y mientras tanto, se acerca la regulación del juego online en España...
