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Ocho jugadores de las altas apuestas demandan a la empresa matriz de Ultimate Bet

Mireia Garcia-Tapia
Mireia Garcia-Tapia
2 min de lectura
Ultimate Bet demanda

Un grupo de compuesto por ocho jugadores pro de las altas apuestas han presentado un demanda civil en contra de Excapsa Software Inc., la empresa matriz de Ultimate Bet hasta el 2006. los jugadores afirman haber perdido millones de dólares a superusuarios de la sala.

El grupo de ocho jugadores pros está formado por Daniel “Ashman” Ashman, Brad Booth, Thomas “tommyboy83” Koral, Greg “Captain Zeebo” Laverly, Dave Lizmi, Daniel “King Dan” Smith, Joseph Sanders y Dustin “Neverwin” Woolf.

La demanda sostiene que no recibieron suficiente dinero en los pagos que hizo la sala después de que sucediera el escándalo de los superusuarios. El grupo afirma haber sufrido pérdidas de 1.734.863,50$ y sostiene que tiene derecho a una revisión completa de los pagos y los historiales de manos.

La denundia enumera ocho presuntas violaciones, incluyendo una violación del Raketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) interfiriendo con el fraude y negligencia.

Además de Excapsa Software Inc., la demanda también enumera a otros diez acusados, identificados como “dueños, operadores, empleados de oficina y/o agentes de Excapsa”.La denuncia sugiere que estos acusados desconocidos, en el momento de investigación, podrían ser Greg Pierson, Jon Karl, Jack Bates o Russ Hamilton.

Según Subject:Poker, la denuncia se refiere también a una base de datos de todas las manos jugadas entre el 2003 y 2008 que se entregó al auditor Uri Korzai y la reguladora de UB; The Kahnawake Gaming Commision (KGC).

El historial de manos ha sido buscado por los jugadores descontentos de UB y de acuerdo con la denuncia del grupo, sigue siendo accesible.

“Es de suponer que esta información clave se ha mantenido y no se ha destruido. Se les proporcionará a los demandantes para que puedan realizar sus propios análisis de sus supuestas pérdidas”, escribe la demanda.

El grupo de jugadores también pide una indemnización por los costes de abogados, costes de investigación y 10 millones de dólares en daños punitivos.

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Mireia Garcia-Tapia
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