Brasil debate sobre la regulación del juego: "La prohibición no es la solución"
Una nueva ley del juego en Brasil "legalizaría lo que hoy existe pero que actualmente está oculto, establecería requisitos y objetivos claros para aquellos interesados en explorar el mundo de los juegos de azar, al mismo tiempo que se contribuye a la creación de miles de puestos de trabajo."
Según el senador Ciro Nogueira, el proyecto de ley presentado en el Senado brasileño la semana pasada, puede regular el disperso mercado del juego brasileño. Además de dar al país una oportunidad única de "unirse al resto del mundo e impulsar la economía con nuevos ingresos fiscales".
"Entre los 193 países que son miembros de las Naciones Unidas" añadía Nogueira en las consideraciones finales del proyecto de ley, "Un 75,52 por ciento de ellos han legalizado el juego, mientras Brasil permanece en el 24,48% que no lo ha hecho".
"Entre los 156 países que forman parte de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO en sus siglas en inglés)", "un 71,16% ha elegido legalizar el juego, y tenemos que considerar que el 75% de los países que se niegan a legalizarlo, son musulmanes, cuyas creencias religiosas prohíben el juego".
El texto, que planea regular todas las formas de juego online y offline, tiene como objetivo acerca a Brasil por un camino que ya transitan algunos países europeos como Francia, Italia, España o más recientemente Portugal, con la creación de un mercado regulado por el estado, basado en un sistema de licencias.
Si se aprobase, la nueva ley del juego podría forzar a los operadores internacionales a adoptar rápidos cambios en sus sistema para no perder la oportunidad de un mercado tan inmenso como el brasileño. Un mercado que Nogueira estima en "más de 8,6 millones de personas, de las cuales, más de 2 millones juegan regularmente al póker online".
El sistema propuesto para regular el juego, tanto físico como por internet en Brasil se construye en torno a tres pilares fundamentales: la necesidad de los operadores de conocer los requisitos financieros y técnicos del país, junto con el conocimiento de los impuestos que serán aplicados a la industria.
Los operadores interesados en ofrecer poker y juego online a los ciudadanos brasileños tendrían que garantizar su estabilidad financiera con un capital de 5 millones de reales brasileños (alrededor de 1,6 millones de euros) así como el pago de impuestos. Los ingresos fiscales serían repartidos a partes iguales entre la provincia donde se estableciese la compañía y el gobierno federal.
"Un enfoque prohibitivo hacia el juego no funciona, la verdad es que nadie va a dejar de jugar sólo porque esté prohibido" recuerda Nogueira, que además añade, "el texto incluirá medidas específicas para castigar a todos aquellos que no actúen de acuerdo a la regulación propuesta".
"Las compañías que operasen en Brasil sin una licencia gubernamental serían sancionadas con multas y penas de cárcel de entre uno y cuatro años; además aquellas que aceptasen jugadores menores de edad se arriesgarán a sentencias que oscilan entre tres meses a un año de prisión".
Junto con la lucha para evitar el juego entre los menores, y el intento de posicionar a Brasil junto a la gran mayoría de los países de la ONU en lo relacionado el juego, el otro gran argumento de Nogueira para legalizar el juego se centra en la firme creencia de que esta reforma ayudaría significativamente a mejorar la economía del país.
"La actual legislación contra el juego no ha conseguido detenerlo, y a día de hoy, hay un mercado clandestino que mueve más de 18.000 millones de reales brasileños al año (alrededor de 5.900 millones de euros", explica Nogueira.
"De acuerdo con algunos estudios, si se regulase, el mercado del juego podría suponer al Estado unos ingresos de al menos 15.000 millones de reales por año (cerca de 4.900 millones de euros)", remarca Nogueira, a lo que añade, "Podría suponer la misma cantidad que Brasil recauda en alcohol y tabaco juntos".
El proyecto de ley, redactado en mayo, fue enviado al Comité de Desarrollo del Turismo Regional en el Senado el nueve de junio, donde después de su aprobación tendría que pasar algunos comités más, incluyendo el de Asuntos Económicos y de Justicia.
Imagen cortesía de Deviantart.net
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