El PP podría retrasar la puesta en vigor de la Ley del Juego en España
Ayer comenzaron a celebrarse las jornadas iGamingSummit '11. Contaron con la presencia de tres participantes de gran interés: Inmaculada Vela (Directora General de Ordenación del Juego), Juan Carlos Alfonso (Subdirector General de Regulación del Juego) y Antonio Gallego (portavoz del PP en temas relacionados con el juego, que en el caso de ganar su partido las próximas elecciones del 20 de noviembre, muy probablemente tendrá una responsabilidad gubernamental similar a las de los dos políticos citados anteriormente).
Por su parte, Juan Carlos Alfonso dejó muy claras las intenciones del gobierno socialista de avanzar lo máximo posible en dirección a la puesta en vigor de la Ley de Regulación del Juego en España, intentando cumplir los plazos establecidos en el referido texto legal. En este sentido, anunció que el ejecutivo tiene previsto aprobar antes de los comicios generales gran parte de los textos relacionados con la regulación, esto es, 2 reales decretos, 13 órdenes ministeriales y 3 resoluciones normaticas; y que, así mismo, hacia el 16 de noviembre quiere abrir la convocatoria para la solicitud de licencias de juego. También ha comunicado que el borrador del Real Decreto de Licencias y Registros y el Real Decreto de Sistemas Técnicos ya han sido presentados en Bruselas, ante la Comisión Europea, y que actualmente están en el Consejo de Estado, que dictaminará sobre ellos a principios del mes entrante.
Inmaculada Vela comentó que el gobierno pretende que las primeras licencias puedan ser otorgadas entre mediados de diciembre y principios de enero de 2012, y que no se ha establecido un número máximo de concesiones; al contrario, recalcó que todas las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Juego y en sus textos normativos adjuntos, obtendrán su correspondiente licencia.
Sobre este último tema, Alfonso indicó que las entidades que quieran conseguir una licencia de juego tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. En dichos trámites, las empresas interesadas habrán de presentar un informe preceptivo de la comunidad autónoma en la que esté su sede, y otro informe al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. Así mismo, las candidatas deberán acreditar que disponen de los medios necesarios para ofrecer un servicio de calidad a sus futuros clientes y que cuentan con los mecanismos adecuados para proteger a los usuarios más vulnerables (como los menores o las personas con ludopatía). Y también deberán presentar garantías financieras de 60.000 o 100.000 euros (en función del tipo de licencia que deseen obtener) y los contratos que tengan con los operadores de telecomunicaciones.
Por otra parte, Vela declaró que la constitución de la Comisión Nacional del Juego y la aprobación del Real Decreto de Publicidad del Juego se retrasarán hasta después de las elecciones generales y serán responsabilidad del nuevo gobierno.
La participación de Antonio Gallego suscitó, si cabe, aún mayor atención que la de los representantes del grupo socialista. El portavoz de Juego del PP criticó las “prisas” del Gobierno por cerrar el tema de la regulación e indicó que en el caso de que su partido gane las elecciones, revisará el reglamento normativo.
Gallego aprovechó la ocasión para realizar varios anuncios interesantes. Comentó la predisposición de su partido a revisar la fiscalidad de las empresas del sector del juego tanto online como presencial, con la colaboración de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Puso en duda la futura creación de la Comisión Nacional del Juego, tras calificarla de “prescindible” y de “gasto innecesario” para el Estado. Y comentó su parecer de que el Ejecutivo socialista movió la tramitación de la Ley del Juego para “privatizar Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y hacer caja".
Por último, y más interesante, Gallego dejó caer la posibilidad de que la puesta en vigor de la regulación se retrase durante un plazo aún por determinar, pero que podría durar seis meses o incluso un año. En tal período, el PP tendría tiempo para revisar los textos legales a aprobar y el régimen impositivo previsto, o para tratar de cerrar acuerdos con otros países para generar liquidez internacional en las mesas de poker.
Como podemos ver, conforme se acercan las elecciones, el tema de la regulación del juego se va calentando. Mientras el PSOE intenta acelerar para poner en vigor la reglamentación, el PP ya ha anunciado que, de ganar las elecciones, realizará una revisión más o menos profunda de las disposiciones promovidas por el ejecutivo socialista.
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