EEUU niega su propio acuerdo comercial y pretende ignorar el juicio de la OMC
Los Estados Unidos han anunciado que, con el propósito de hacer que se cumpla la última decisión tomada por la Organización Mundial del Comercio en cuanto al mercado de apuestas online, ignorarán sus propios convenios de mercado. Esta determinación por parte del país es una extraña estratagema que no sólo significa un cambio histórico, sino que también tiene el peso suficiente como para amenazar la estructura de la propia OMC.
En el anuncio, el representante alterno de comercio los EEUU, John K. Veroneau, admitió la derrota en la pequeña lucha que tenía como objetivo principal la accesibilidad a las apuestas de carreras de caballos en Internet. Sin embargo, todos los partidos reconocieron que esta decisión ha tenido un impacto mucho mayor del esperado, y ha significado un precedente para que las apuestas online puedan ser consideradas como un tipo de comercio normal.
El mes de octubre pasado, la UIGEA (Ley de Ilegalidad de Apuestas en Internet) no formaba parte del conflicto original, aunque la OMC solicitó la adhesión de dicha Ley en los documentos relacionados con la denegación de la petición de los Estados Unidos. Según los informes de la OMC en ese momento, la transición de la UIGEA era un fuerte indicio de la intención por parte de los EEUU de no cumplir con los acuerdos existentes y, en su lugar, de moverse en dirección contraria.
La comparecencia de Veroneau este jueves confirmó estas sospechas.
"Las leyes estadounidenses que prohíben las apuestas interestatales han estado vigentes durante décadas" afirmó Veroneau. "La mayoría de los miembros de la OMC cuentan con leyes similares. Desafortunadamente, en los años 90, cuando los estadounidenses redactamos nuestro compromiso internacional para abrir nuestro mercado a servicios recreativos, olvidamos dejar claro que este compromiso no se extendía hasta las apuestas. Además, en 1993, ningún miembro de la OMC podía imaginar que los EEUU estaba elaborando un compromiso que entraría en conflicto directo con el resto de sus propias leyes."
El representante comercial continuó: "Ni los EEUU ni ningún otro miembro de la OMC se percató de este descuido en el borrador de los compromisos estadounidenses hasta que Antigua y Barbuda abrió el caso en la OMC diez años después. Una vez analizado el problema, el jurado de la OMC admitió que no era la intención de los EEUU el adoptar un compromiso que no cumpliera con sus propias leyes. Sin embargo, según las leyes de la OMC, la naturaleza de los conflictos hallados debe analizarse en base al texto de las obligaciones y otros documentos internacionales, no en función de la intención de la parte afectada. Los Estados Unidos apoyan firmemente un sistema de comercio basado en las leyes y aceptan el principio de la naturaleza del conflicto. A la luz de este descubrimiento, seguiremos los procedimientos de la OMC para aclarar nuestro compromiso."
Las palabras de Veroneau estadounidense intentan eludir el hecho de que docenas de otros países optaran por excluir las apuestas online de las clases de comercio del GATS (Acuerdo General sobre Tarifas y Servicios) en los años 1993-94, cuando se estaban elaborando los pactos. La afirmación del representante estadounidense resulta sospechosa, dado que todos los signatarios ya habrían tenido la oportunidad en repetidas ocasiones de revisar las provisiones emitidas por los demás países participantes. Además, aunque fuera verdad, la nueva actitud adoptada pretende castigar a otros países por el descuido de EEUU.
Veroneau también declaró que, dado que los EEUU nunca tuvieron intención de permitir ningún tipo de apuesta interestatal o internacional, no debería caer sobre este país la responsabilidad de compensar a otros países por los daños causados, y que esto debería solucionarse a lo largo del proceso llevado a cabo por la OMC. Así afirmaba, confirmando en parte la naturaleza proteccionista de su intervención: "Sería absurdo que los Estados Unidos firmaran un compromiso para abrir el mercado a apuestas interestatales a proveedores extranjeros".
En la oposición tanto nacional como internacional no han tardado en mostrar reacciones radicales en contra de los hechos. El Ministro de Economía y Hacienda de Antigua, Errol Cort, y el primer representante del mismo país para la OMC, se pronunciaron de este modo al respecto: "Aunque por supuesto somos conscientes de que existe la posibilidad de que los Estados Unidos llevaran a cabo esta acción, francamente pensamos que es bastante improbable. Es casi incomprensible que un país como éste realizara tal acto ignorando las leyes vigentes que lo prohibían. Esto va a tener graves consecuencias para el mercado libre en su totalidad".
"Ahora estamos estudiando todas las opciones", añadió Cort "y se procederá a emplear las instituciones de la OMC necesarias para obtener la total compensación para nuestros ciudadanos, en el caso que realmente los EEUU realmente hayan llevado a cabo este acto tan lamentable. Rogaríamos a los EEUU que reconsideraran su decisión."
El principal fiscal de la OMC en el caso de Antigua y Barbuda, Mark Mendel, expresó una opinión similar: "Simplemente no existen fundamentos para dicha afirmación. Cuando se redactaron todos los acuerdos hace diez años, hubo un largo debate, proposiciones y contraproposiciones por parte de todos los miembros de la OMC para determinar qué compromisos deberían hacer. Más de una docena de países excluyeron expresamente las apuestas de sus compromisos, y varias docenas más las excluyeron de otra manera. Así que, aunque los Estados Unidos aleguen que se trató de un error, simplemente no puede ser cierto".
Incluso un ex-funcionario de la administración de Bush, el abogado James Jochum, se burló de la actuación de Estados Unidos. "Me siento decepcionado por ver cómo mi país ha llegado a tal degradación del sistema" se lamentó Jochum, refiriéndose al proceso de quejas y cumplimiento emprendido por la OMC.
La singularidad del caso ha dejado perplejos a muchos espectadores, ya que es sólo la segunda vez en la historia de la OMC que un país ha intentado rescribir el plan de compromisos comerciales. En ese caso inconexo, se llegó a un acuerdo tras un largo y complejo proceso de negociaciones. Pero los EEUU no han mostrado hasta la fecha intención alguna de comprometerse o negociar honestamente en relación al conflicto presente.
Todos los países miembros de la OMC, no sólo Antigua, pueden ahora presentar una queja contra los Estados Unidos, lo que podría llevar a múltiples juicios que costarían cifras incalculables. Entre los países con más probabilidades de exponer una queja se encuentra el Reino Unido, ya que era el destino de varias empresas con miles de millones de dólares en valor de mercado y que han desaparecido del país por culpa de la actuación estadounidense. Sin embargo, Antigua parece seguir siendo el país que con más vehemencia reclamará daños contra los EEUU, por ejemplo, reclamará la exoneración de la protección del copyright de los EEUU sobre la propiedad intelectual. Una vez garantizada esta exoneración, Antigua podría recuperar sus pérdidas de beneficios por apuestas (que han descendido de más de $1.000 millones anuales a $130 millones actualmente), con una industria legitimizada por la OMC en la fabricación de réplicas de software, música, películas, libros y muchos otros objetos.
Llevado a este extremo, es este desarrollo potencial el que amenaza el proceso de la Organización Mundial del Comercio. Los Estados Unidos apuestan porque los demás países y la OMC no intenten realmente ir en su contra, incluso si son los mismos Estados Unidos los que presentan una queja independiente ante la OMC contra el otro gigante mundial en el mercado: China. El rechazo por parte de los EEUU de atenerse a las regulaciones de la OMC en el caso de Antigua y Barbuda no parece que vaya a llevarle a ganar apoyo en su otro conflicto comercial.
